Módulo 4: Acceso a la justicia

1. Barreras para las víctimas de violencia doméstica y de género
2. Investigación judicial
3. Procedimientos previos al juicio
4. Juicio
5. Medidas penales y civiles
6. Mediación

Referencias

Introducción

Te damos la bienvenida al Módulo 4: «Acceso a la justicia». Este módulo aborda los retos a los que hacen frente las víctimas de violencia doméstica y de género en el ámbito judicial.  Asimismo, explora los aspectos más relevantes del acceso a la justicia de las víctimas.
Por otro lado, en este cuarto módulo encontrarás información sobre las investigaciones judiciales, las diligencias previas, los procedimientos relativos al juicio, las demandas civiles y el papel de la mediación.

Objetivos formativos
+ Identificar las barreras personales, sociales, culturales y legales a las que se enfrentan las víctimas.
+ Concienciar sobre las responsabilidades de los y las profesionales al servicio de la justicia.
+ Mejorar el proceso de investigación judicial, obtención de pruebas, protección y enjuiciamiento.
+ Facilitar el acceso de las víctimas a la justicia.

El material didáctico no está adaptado a cada país, sino que incluye casos genéricos que requieren una adaptación local.

---

1. Barreras para las víctimas de violencia doméstica y de género

Los mismos mecanismos de poder y control que perpetúan la violencia doméstica y de género también suponen un impedimento para la justicia. El temor a las represalias a raíz de, por ejemplo, las amenazas para que la víctima retire los cargos o acepte acuerdos injustos, son obstáculos para las víctimas a la hora de buscar ayuda de la justicia. Las personas agresoras también manipulan a las víctimas acusándolas de poner denuncias falsas o de chantaje. Una de cada cuatro víctimas de violencia doméstica y de género no denuncia episodios graves por sentimientos de miedo, enfado y culpa.² Encontrarás más información sobre las  dinámicas de la violencia doméstica y de género en el Módulo 1.

En el vídeo que verás a continuación, Leslie Morgan Steiner explica las razones por las que las víctimas no abandonan la relación y las falsas creencias sobre de violencia doméstica y de género:

Existen una serie de barreras personales, sociales y culturales, de la sociedad y legales que dificultan el acceso de las víctimas a la justicia:³

Haz clic en las cruces para más información.

Image designed by freepik

---

Grupos vulnerables y discriminación múltiple

El contexto de cada víctima de violencia doméstica y de género es distinto. Cada una se enfrenta a distintos obstáculos dependiendo de su situación. En muchas ocasiones, no confían en el sistema de justicia y temen ser tratadas con actitud condescendiente. Esto resulta en discriminación, victimización secundaria y asesoramiento jurídico inadecuado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los y las profesionales al servicio de la justicia.

Los grupos vulnerables están formados por aquellas personas que están en una posición de desventaja o marginalizada.⁴ Para más información sobre el espectro de grupos de víctimas vulnerables consulta el Módulo 1.

La discriminación múltiple es la intersección de varias formas de discriminación basadas en el sexo, la raza o etnia, la religión o las creencias, la diversidad funcional, la edad, la orientación sexual, y la identidad de género, entre otros aspectos.⁵ La «interseccionalidad» es el enfoque que señala que la desigualdad entre mujeres y hombres cobra sentido, y se experimenta de forma variable, en función de otras estructuras de opresión, como son el capacitismo, la racialización, el origen étnico, la clase social, la edad, la confesión religiosa, la orientación sexual, la identidad de género, la situación administrativa de residencia, el país de procedencia, la convicción u opinión o el estado civil.⁶

El vídeo que verás a continuación ilustra las asociaciones negativas que la sociedad hace respecto al género:

Sufrir estereotipos raciales conlleva consecuencias psicológicas que afectan a la percepción que tiene una persona de sí misma. Esto dificulta a las víctimas de violencia doméstica y de género buscar ayuda y apoyo. El vídeo que verás a continuación recrea un experimento creado en los años 40 en los Estados Unidos. Aborda los prejuicios, la discriminación y la segregación racial:

---

La culpabilización de la víctima

Las actitudes, las creencias y los patrones de conducta son aspectos de suma importancia al trabajar con víctimas de violencia doméstica y de género. Culpar a las víctimas bajo estereotipos y sesgos inconscientes, las marginaliza y hace que sea más difícil verbalizar y denunciar la violencia.

Este tipo de actitudes, especialmente si vienen de profesionales de la justicia, tienen consecuencias muy graves en las denuncias y condenas de los casos de violencia doméstica y de género. Estudios muestran que este tipo de actitudes reflejan una falta de empatía hacia las víctimas, cuestionándolas y culpándolas por la violencia que han sufrido.⁷ Como consecuencia, las víctimas tardan más en denunciar y pierden la confianza en el sistema judicial. Culpar a la víctima lleva a la victimización secundaria, la cual está íntimamente relacionada con la forma en la que las víctimas son atendidas por los servicios de asistencia. Durante los procedimientos judiciales, la culpabilización de la víctima se puede interpretar como una forma de apoyo hacia las personas agresoras, ya que resta importancia a sus acciones. Los estereotipos complican la gestión de los casos, pues las suposiciones sobre el comportamiento y los motivos de la víctima y la persona agresora pueden llevar a tomar decisiones sesgadas.

En promedio en España, las mujeres víctimas de violencia de género tardan aproximadamente 8 años y 8 meses en denunciar a su agresor o buscar ayuda desde que comienzan a sufrir malos tratos.

Para abordar estos problemas y mejorar la gestión de los casos, es imperativo que los y las profesionales de la justicia hayan adquirido formación sobre estas cuestiones.

Para saber más información sobre los estereotipos y sesgos inconscientes consulta el Módulo 8.

---

Victimización secundaria o revictimización

La victimización secundaria o revictimización es aquella que sufre la víctima cuando, a consecuencia del delito, tiene que comparecer ante las y los profesionales sanitarios, policiales o judiciales, y que supone una nueva agresión (especialmente psicológica) no deliberada pero no por ello menos dañina, en ocasiones, que la victimización primaria (la sufrida por la víctima como resultado directo del acto delictivo). La victimización secundaria está íntimamente relacionada con la forma en la que las víctimas son atendidas en cada una de esas instancias, y se puede minimizar cuidando una serie de aspectos que suponen mejorar el trato, garantizar sus derechos, reducir el número de declaraciones y reconocimientos médicos/forenses al mínimo indispensable, acompañarlas y protegerlas o coordinar los servicios públicos y privados que intervienen, entre otros.⁸

Para evitar la victimización secundaria, los y las profesionales de la justicia deben abordar el caso de forma empática. La manera de proceder con las entrevistas favorece que las víctimas cooperen o no. Testificar en un juicio es una experiencia estresante para las víctimas, dada la naturaleza de la violencia. Sienten confusión, vergüenza, miedo e incertidumbre. Por ello, no desean volver a contar los hechos traumáticos. Pero si las víctimas se sienten a salvo y escuchadas sin ser juzgadas, existe una mayor probabilidad de que aporten información prescindible para el caso si se sienten seguras, escuchadas y no juzgadas.

En el siguiente vídeo encontrarás más información sobre la violencia de género, la culpabilización de la víctima y la victimización secundaria:

---

2. Investigación judicial⁹

---

Respuesta inmediata

Según el Convenio de Estambul, la investigación y los procedimientos judiciales relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del convenio se deben llevar a cabo sin demoras injustificadas, sin perjuicio del derecho de la víctima a todas las fases del proceso penal. Las medidas que se tomen deben respetar el derecho a defenderse y a un juicio justo. Para más información sobre el Convenio de Estambul consulta el Módulo 6.

Cabe citar, además, la existencia de protocolos específicos de atención sanitaria. La víctima de violencia doméstica y de género es paciente de atención preferente.

Una respuesta inmediata implica:

Haz clic en la cruz para saber más.

Imagen diseñada por starline en Freepik

---

Estrategias para seguir una entrevista con la víctima

En los casos de violencia doméstica y de género, las declaraciones de la víctima y los/las testigos son, en muchas ocasiones, las pruebas más importantes. En líneas generales, las víctimas suelen estar más dispuestas a declarar justo después de un incidente. Las declaraciones que haga la víctima son también importantes para la valoración del riesgo inmediata y el plan de seguridad personalizado. Por lo tanto, siempre que sea posible, se debe intentar proceder con la entrevista inmediatamente tras el incidente.

---

3. Procedimientos previos al juicio¹⁰

Durante esta etapa los diferentes servicios deben proteger la integridad de la víctima y apoyarla. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben ocuparse de proteger a la víctima y mantener bajo vigilancia a la persona agresora para impedir que lleve a cabo amenazas o actos de represalias. La fiscalía debe priorizar la integridad de la víctima al establecer las condiciones de la libertad condicional y al emitir las órdenes de protección. Los servicios de apoyo a la víctima y los centros de acogida deben estar a disposición de las víctimas para ofrecer apoyo y alojamiento seguro si es necesario. Por otro lado, los servicios de asistencia legal ayudan a las víctimas a afrontar el procedimiento judicial y proteger sus derechos. El personal sanitario debe valorar y documentar las secuelas físicas y psicológicas.

---

Medidas de protección

Hay varias opciones judiciales para salvaguardar la integridad de la víctima como las órdenes de protección y de alejamiento. Las medidas enumeradas a continuación son importantes no solo durante la fase de diligencias previas, sino también durante el proceso judicial y deben atender a la evolución del caso:

• Prisión provisional.
• Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar (a favor de la víctima).
• Prohibición de acercamiento.
• Prohibición de comunicación.
• Suspensión del régimen de visitas.

---

Obtención de pruebas

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen la responsabilidad de obtener las pruebas. Sin embargo, es la fiscalía la que establece las pautas al respecto. En el caso español, los siguientes apartados deben venir debidamente detallados en las diligencias del atestado policial, así como todas las actas de autorización pertinentes para la toma de fotografías, entre otras medidas. Existen varias comunidades autónomas con protocolos específicos para la atención integral médica dirigida a mujeres víctimas de violencia.    

---

Testigos

Los/las testigos no son únicamente testigos oculares. Hay otros tipos de testigos que también pueden aportar información de valor para el caso. Por ejemplo:

• Personas del vecindario que han oído las discusiones y peleas.
• Amistades con las que la víctima ha hablado de los episodios de violencia.
• Personal docente al que se ha informado de la situación.

La policía debe interrogar a cada persona con la que la víctima ha hablado sobre sus vivencias. Tener en consideración a otros/as testigos potenciales es una forma de adquirir más pruebas para esclarecer los hechos. Para más información sobre testigos indirectos de violencia doméstica y de género, consulta el Módulo 2.

---

4. Juicio¹¹

Para minimizar el riesgo de que la víctima se niegue a seguir adelante con la acusación, se le debe mantener informada sobre los procedimientos, la evaluación y la posible sentencia para la persona agresora. En algunos casos, puede que la víctima decida no seguir cooperando.

No se debe criticar o culpar a la víctima si toma esta decisión. Esto supone dificultades para el juicio, pero este debe seguir adelante, especialmente en aquellos casos de mayor gravedad. La víctima queda en el procedimiento como testigo y declarará igualmente en el juicio.

Un ejemplo de servicio que presta asistencia jurídica dentro de los Juzgados de la Comunidad Valenciana es la Oficina de Atención a Víctimas del Delito (OAVD).

---

Enjuiciamiento

La fiscalía tiene el deber de decidir la sentencia: condenatoria o absolutoria. En España está legalmente prohibido llegar a un acuerdo a través de la mediación. En los casos de violencia doméstica y de género, la demora en dictar sentencia podría llevar a episodios de violencia más graves tras el juicio.

La fiscalía debe valorar varios aspectos: las pruebas, la probabilidad de sentencia condenatoria y el interés público, entre otros.

---

Cargos

La fiscalía debe asegurarse de que los cargos:

• Reflejan la gravedad del delito.
• Prevén una sentencia y medidas posteriores a la condena adecuadas.
• Exponen el caso con claridad.
• Muestran las consecuencias de la violencia en la víctima.

---

Desarrollo del juicio

Durante todas las fases de las investigaciones y los procedimientos judiciales se debe salvaguardar la integridad de la víctima y crear un espacio seguro para que pueda testificar. De esta forma, se evita una traumatización secundaria. El servicio de OAVD de la Comunidad Valenciana, mencionado anteriormente, presta un apoyo directo a la víctima acompañándola durante el proceso de toma de declaración en sede judicial y solicitando a través de este mismo servicio una adecuación de la Sala de Juicio mediante barreras visuales entre víctima y agresor, la toma de manifestación en distintos momentos, e incluso el acompañamiento de la víctima a través de itinerarios en los que se asegura la no coincidencia de las partes ni de sus familiares o acompañantes.

---

Demoras y plazos de prescripción

Tanto la víctima como la persona acusada tienen derecho a un juicio sin demoras injustificadas.

---

Discrecionalidad

Los/las jueces/as representan un papel crucial en la respuesta del sistema judicial ante la violencia doméstica y de género, pues son la última autoridad en asuntos civiles y penales. Sus decisiones determinan el futuro de la víctima, la persona agresora y los/las menores a su cargo. Se encargan de establecer las normas y los procedimientos para crear un entorno seguro para las víctimas y mejorar el acceso a la justicia. Para ello, deben tener en cuenta varias cuestiones:

• Entender las dinámicas de la violencia doméstica y de género, los riesgos a los que se enfrentan las víctimas y los/las menores a su cargo, y los patrones de la violencia.
• Tratar a las víctimas con amabilidad, compasión, dignidad y respeto, estén o no presentes.
• No olvidar la seguridad de la víctima y sus hijos/as en ningún momento.
• Recurrir a todos los recursos disponibles para proteger y apoyar a la víctima.
• Tener en consideración las necesidades y las circunstancias específicas de cada caso.
• Usar un lenguaje desprovisto de tecnicismos jurídicos para que la víctima entienda todas las fases del proceso.

La discrecionalidad es de suma importancia, pues la ley por sí sola no puede abarcar toda la complejidad que conlleva la violencia doméstica y de género. Sin embargo, las decisiones judiciales se pueden ver influidas por creencias y percepciones del/la juez/a. Las creencias erróneas pueden poner en peligro la integridad de la víctima e impedir que la persona agresora asuma la responsabilidad de sus acciones. Los estereotipos judiciales, que causan que las decisiones se basen en creencias en lugar de pruebas objetivas, afectan el acceso a la justicia de las víctimas.

La imparcialidad y neutralidad de los jueces y las juezas son fundamentales para asegurar un juicio justo y el acceso a la justicia. Estos profesionales deben esforzarse en apartar sus creencias personales y centrarse en los hechos e informes objetivos del caso.

---

---

Sentencia

El objetivo principal de una sentencia condenatoria es que cese la violencia, proteger a la víctima y establecer la culpabilidad de la persona agresora.

Hay varios requisitos que se deben cumplir a la hora de dictar sentencia:

• Información: ¿Se dispone de toda la información necesaria para dictar sentencia?
• Valoración del riesgo: ¿Se ha tenido en cuenta la peligrosidad de la persona agresora?
• El testimonio de la víctima: ¿Se ha escuchado y valorado el testimonio de la víctima?
• Otros factores: ¿Se ha tenido en consideración factores como el tipo y la gravedad del delito, el historial de violencia, intentos previos de rehabilitación, la conducta y las necesidades actuales de la persona acusada, y los intereses de la comunidad respecto a la protección y el castigo?

Los delitos deben ser castigados con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias atendiendo a la gravedad. Una de las sanciones penales que se puede imponer es la privación de libertad. Esto puede llevar a la extradición. También se pueden adoptar otras medidas como la suspensión cautelar de la patria potestad. Permitir que la persona agresora mantenga el contacto con los hijos/as no solo puede suponer consecuencias negativas en el/la menor, sino también un riesgo para la seguridad de la víctima, ya que es una excusa para contactar con ella. Como parte de la sentencia, se puede incluir el requisito de asistir a programas de intervención. Estos ayudan a la persona agresora a reflexionar sobre por qué recurren a la violencia y las oportunidades de rehabilitación. Estos programas son cruciales para determinar las condiciones bajo las que es seguro permitir el contacto con los/las hijos/as, según las medidas de protección para la víctima y menores a su cargo.

---

5. Medidas penales y civiles¹²

---

Derecho de familia

En los juzgados de familia las decisiones dependen de la credibilidad, en especial en casos de violencia doméstica y de género. Por lo tanto, es importante entender las dinámicas subyacentes y reconocer los riesgos.

En muchos casos, las víctimas sufren trastornos psicológicos graves, que influyen de forma injusta en las decisiones sobre la custodia a favor de la persona agresora, quien se presenta como «más estable» para cuidar de los/las hijos/as. Esta situación se puede dar a pesar de que los/las menores hayan sido testigo de los malos tratos, por ello los/las jueces/as deben contemplar estas dinámicas.

Por otro lado, la persona agresora puede alegar que la víctima está alejando al/la menor de su padre/madre. Estas tácticas se ven con frecuencia en un juzgado de familia. Los jueces y las juezas deben identificar las tácticas de luz de gas de la persona agresora, a las que también recurre dentro de un juzgado. Dar a la persona agresora acceso y control sobre los/las menores significa permitir que siga ejerciendo poder sobre la víctima. Por lo tanto, los procesos judiciales deben priorizar que la víctima vuelva a tener el control de su vida. La violencia doméstica y de género en muchas ocasiones empieza o aumenta durante la separación o el divorcio. Por lo tanto, los jueces y las juezas deberían llevar a cabo un cribado de los casos de derecho de familia afectados por la violencia doméstica y de género para impedir que las víctimas sufran más daños. En tales situaciones, se debe facilitar asistencia jurídica a las víctimas y priorizar y agilizar el caso.    

En el caso español, cabe mencionar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la creación los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con:

• Competencia Penal. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen los delitos y faltas relacionados con la violencia de género.
• Competencia Civil. En materia civil, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tratan asuntos como:
  • Filiación, maternidad y paternidad.
  • Nulidad, separación y divorcio.
  • Relaciones paterno filiales.
  • Adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.
  • Guarda y custodia de hijos e hijas menores.
  • Reclamación de alimentos.

---

Custodia y régimen de visitas

La violencia doméstica y de género es un factor importante a la hora de determinar la custodia y el régimen de visitas de menores en el juzgado. Si las autoridades judiciales no consideran los episodios de violencia a la hora de determinar los derechos de custodia y el régimen de visitas, tanto la víctima como los/las menores serán vulnerables a un mayor riesgo de violencia.

Los y las menores son, en muchos casos, la única conexión entre la víctima y la persona agresora. Para muchas víctimas y sus hijos/as, cumplir con el régimen de visitas supone un riesgo para su seguridad. Si se da la situación, el juzgado debe establecer visitas supervisadas para la persona agresora con el apoyo de los servicios sociales u otras terceras partes.    

En España, la guarda y custodia de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género está regulada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

• Protección Integral:
  • Desde el año 2015, la ley considera a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas de este tipo de violencia.
  • Además, en ocasiones, los/las menores pueden ser utilizados por el maltratador para hacer daño a la madre, lo que se conoce como violencia vicaria.
• Suspensión del Régimen de Visitas:
  • Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las víctimas de violencia de género tienen derecho a las medidas de asistencia y protección previstas en la ley.
  • Esto implica que, en situaciones de violencia, se puede suspender el régimen de visitas para proteger a los menores y garantizar su seguridad.

También existen los PEF (puntos de encuentro familiar), un servicio específico que presta temporalmente atención profesional especializada para facilitar que los niños, las niñas y los adolescentes puedan mantener relaciones con sus familiares o personas allegadas durante los procesos y las situaciones de separación, divorcio, protección de infancia y adolescencia u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar. A nivel autonómico en la Comunidad Valenciana, este servicio está regulado por la Ley 13/2008, de 8 de octubre, de la Generalitat, reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunidad Valenciana.

---

Indemnización

Tanto dentro de los procesos penales como los civiles, la indemnización para las víctimas tiene como objetivo ofrecer una compensación económica destinada a cubrir los gastos que puedan causar tanto las lesiones físicas y psicológicas, como otras consecuencias emocionales como el miedo, el sufrimiento o el estrés. Los juzgados deben valorar esto teniendo en cuenta las pruebas médicas.

La obligación directa de indemnización le corresponde a la persona agresora, pero las víctimas también pueden recurrir a vías de indemnización privada o estatal. En los casos en los que la persona agresora no pueda pagar la indemnización, esta responsabilidad puede recaer en el Estado siguiendo la Ley correspondiente.    

En cuanto a derechos económicos, en España, las víctimas pueden acceder a ayudas económicas específicas, como la Renta Activa de Inserción, anticipos por impago de pensiones, compensación económica para el cuidado de hijos/as, ayudas sociales de pago único, entre otras. También tienen prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.

---

6. Mediación¹³

Sin embargo, la mediación supone un riesgo, especialmente en los casos de violencia doméstica y de género:

• La mediación puede llevar a la concepción de que la violencia doméstica y de género es un asunto privado.
• La víctima puede verse coaccionada a causa de amenazas o miedo al dar testimonio.
• Supone un riesgo alto para la seguridad de la víctima.
• La persona agresora puede usar la mediación como un medio de intimidación para la víctima.
• Y esta puede aceptar acuerdos desfavorables para ella en asuntos como el divorcio, la custodia y la residencia.

Se debe proceder con una valoración del riesgo integral antes de considerar la mediación.

La mediación en casos de violencia de género está prohibida en España. El artículo 87 ter, apartado 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece esta prohibición total. Afecta tanto a cuestiones civiles como penales relacionadas con la violencia de género.

---

---

---

Referencias